Luego de la deportación de más de 2,000 migrantes hondureños que iban en la primera caravana del 2020, en México ya avizoran un nuevo flujo migratorio.
Un grupo de hondureños deportados amenazó con unirse a la caravana anunciada en El Salvador a partir del 31 de enero, denominada como la «Caravana del Diablo», según informaron los diarios escritos de México La Verdad y El Excelsior.
En ese sentido, según dijo La Verdad, Vladirmir Funes, supuestamente uno de los organizadores de la anterior caravana, informó que en San Pedro Sula se organizaron al menos 500 personas que, en primera instancia, viajaron a El Salvador, para luego, con otros migrantes, dirigirse a Tecún Uman, frontera entre México y Guatemala.
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Sépalo: más de 2,000 deportados de la caravana de migrantes 2020
Días después del 15 de enero, fecha que marcó la salida de la primer Caravana de Migrantes en 2020 hacia Estados Unidos, en Guatemala se confirmó el ingreso de 2,000 hondureños. Sin embargo, 1,764 han sido deportados, según datos brindados ayer. Del total de deportados, solo un pequeño grupo lo hizo voluntariamente.
Las autoridades hondureñas informaron que los inmigrantes llegaron desde Guatemala y México. De tal forma que se les truncó su propósito de llegar hasta Estados Unidos luego de detenciones.
Por lo tanto, el pasado jueves regresaron al país 675 personas, entre familias y niños no acompañados por adultos. Este dato lo brindó la encargada de la Dirección de Protección del Migrante Hondureño, Jessica Guzmán.
Una nueva caravana de migrantes saldría en enero de 2020 desde Honduras rumbo a Estados Unidos. "No sé si tendrá el mismo ímpetu de las caravanas anteriores, pero la planifican en las redes sociales para la segunda quincena de enero", dijo a The Associated Press Hugo Maldonado, presidente del comité local de Derechos Humanos.
El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández culpa a los traficantes de personas y políticos opositores de organizar las caravanas. El 13 de octubre de 2018, más de 3,000 hondureños salieron sorpresivamente a territorio estadounidense desde San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de la capital.
El exministro de Defensa y excanciller, Edmundo Orellana, dijo a AP que "los hondureños están desesperados por las circunstancias en que viven y no les importa huir del país aunque saben que Estados Unidos no los recibirá con los brazos abiertos y que los detendrá en Guatemala o México, donde pocos de ellos podrían asilarse". Aseguró que "vivir en Honduras es asfixiante porque hay un déficit gigantesco de empleo y oportunidades, los pequeños empresarios son extorsionados por las pandillas y el gobierno no hace nada por generar riqueza".
Ricardo Puerta, sociólogo cubano y experto en temas migratorios, dijo a periodistas que sin las distintas caravanas de hondureños no se habrían firmado los actuales acuerdos migratorios entre Estados Unidos y los países del llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras.
Esos tratos fueron creados bajo la presión del presidente Donald Trump para restringir el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a su país y obligarlos a pedir asilo en otros territorios.
"Hay un corte en la historia de Honduras de antes y después de las caravanas migratorias, desde octubre del año pasado", aseguró Puerta.
La migración colectiva se ha convertido en un recurso atractivo para los hondureños porque ofrece mayor protección ante el acecho de los delincuentes que podrían aguardarlos en el camino.
Sin embargo, se estima que muchos hondureños viajan en autobuses solos o con familiares cada día a Estados Unidos.
Cifras oficiales indican que más del 60% de los 9.2 millones de habitantes de Honduras viven en la pobreza y el 37% en la miseria. Además, el desempleo agobia al 5,7% de la población económicamente activa.
"Aunque tengan un trabajo, los hondureños difícilmente saldrán de la pobreza o se convertirán en clase media", advirtió Ismael Zepeda, investigador del Fondo Social de Desarrollo, organismo local financiado por el Banco Mundial.
El gobierno ha invertido alrededor de 20,000 millones de dólares en estrategias para reducir la pobreza, pero no se observan avances porque la corrupción en el gobierno absorbe al menos 2,000 millones de dólares cada año.
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